´El Iguano´ pide perdón a sus víctimas

Colprensa, julio 9 de 2010. En el segundo día del juicio a Jorge Iván Laverde, el paramilitar pidió perdón a sus víctimas por cientos de crímenes cometidos en Norte de Santander. “Yo le pido perdón a usted y toda la gente de Norte de Santander y a todas las que les causamos daños en Colombia (…) no hemos evadido nuestra responsabilidad y aquí estamos para someternos a la justicia y construir la verdad”. Dijo el entonces comandante del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo, Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, durante la audiencia de reparación integral a las víctimas que inició ayer en el Tribunal de Justicia y Paz, en Bogotá. La afirmación la hizo luego de escuchar a Isabel Zoraida Jaimes, esposa del fiscal Carlos Arturo Pinto, asesinado en el 2001. La mujer expresó que no ha existido reparación integral a las víctimas y que el Estado ha pecado por omisión. Según el fiscal octavo delegado de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, Leonardo Cabana Fonseca, dijo que esta es la primera vez que el confeso ex paramilitar pide perdón en público. Antes lo había hecho, pero con las autoridades. ‘El Iguano’ manifestó que su grupo se desmovilizó para no seguir causando daño a la población en general y porque se dieron cuenta de que las directrices del comando principal, impartidas por Castaño Gil y Mancuso Gómez, eran equivocadas. “Nosotros fuimos los primeros sorprendidos al despertar del todo el daño que hicimos nosotros mismos (…) no dormimos pensando cómo construir la verdad y cómo explicar qué pasó con cada una de las víctimas”. Luego de la intervención de Laverde Zapata, el fiscal Cabana Fonseca pidió a la magistrada que los delitos cometidos por el desmovilizado paramilitar no queden en la impunidad y se repare a las víctimas, individual y colectiva. Peticiones que sustentó con la Ley 975 de 2005 que tiene como objeto facilitar la reparación, el cese de la violencia, procesos judiciales efectivos, respetar y hacer valer los derechos de las víctimas. La Fiscalía responsabilizó al ‘Iguano’ de las incursiones armadas y asesinatos selectivos cometidos en Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander, durante los nueve años de operación de Frente Fronteras del Bloque Catatumbo, entre 1996 y 2005. Cabana Fonseca presentó tres archivos de audio de las diligencias de Salvatore Mancuso en las que da a conocer cuáles eran los objetivos trazados por el comando central del grupo paramilitar en Cúcuta, relacionados con el combate de la guerrilla y la limpieza social. Llamó la atención cómo el Frente Fronteras permeó las instituciones del departamento, en los ámbitos políticos, militares y judiciales, con el ánimo de cumplir con las órdenes de Salvatore Mancuso. El organismo investigador también responsabilizó a Jorge Iván Laverde Zapata de violar los derechos a la vida y a la libertad contemplados en la Constitución Política de Colombia. ‘El Iguano’ es responsable del asesinato de 8.696 personas en la zona de Norte de Santander donde operó. Hasta el momento a reconocido en versión libre 32 casos con 171 víctimas fatales. Los casos más sonados son los asesinatos de los fiscales Carlos Arturo Pinto y María del Rosario Silva Ruiz; el candidato a la Gobernación de Norte de Santander Tirso Vélez, el asesor de la Alcaldía de Cúcuta Alfredo Enrique Flórez y el abogado Jairo Obregón Sabogal. Más casos La relación de incursiones y víctimas dejadas por el frente Fronteras, de acuerdo con el registro de acusación de ‘El Iguano’ continúa así: -El 5 de mayo del 2002, en el barrio Antonia Santos, por ‘andar en malos pasos’, los paramilitares mataron a Jairo Barbosa Pérez, Adalbert Alberto Pardo Arias, Cristian Alexis Monsalve y Miguel Ángel Flórez Carreño. -Por la misma razón, ‘paracos’ motorizados de esa organización acribillaron a José Luis Santander Amaya, Willington Eduardo Rubio Toloza y Mauricio Pacheco Pérez, el 18 de mayo del 2002, en Atalaya. -La noche del 20 de mayo de ese año, los jóvenes Kennedy Hernando Silva Rolón, Ever Duarte Ortega y Diego Ortiz Andrade corrieron desde la cancha de fútbol del barrio Cundinamarca hasta la iglesia Santísima Trinidad, donde los asesinaron miembros de las Auc. -A las 5:30 de la tarde del 24 de junio del 2002, dos pistoleros entraron disparando a un billar del barrio 28 de Febrero. En el ataque murieron Jhon Freddy Daza Vanegas, Ramón Elías Peñaranda Ortiz y Edilson Peñaranda. -Los hermanos Jesús María, José Ángel y Aníbal Castro Núñez fueron ajusticiados porque los vincularon con la subversión. El triple crimen perpetrado en el barrio La Ermita ocurrió el 23 de julio del 2002. Meses después, ‘El Iguano’ se enteró que la información sobre los presuntos vínculos de estas víctimas con la guerrilla resultó ser falsa, y como represalia contra el informante, ordenó su muerte. -En la vereda El Mestizo de El Zulia, los ‘paracos’ de ese bloque mataron a Gloria Inés Marín, Roger Narciso Guzmán, Miguel Ángel Lizcano Calderón y Pedro Arturo Niño, de la organización social Amurcavir, el 23 de septiembre del 2002. -En una denominada ‘barrida a bala’ cinco paramilitares asesinaron en un billar de Bellavista a Jorge Alexander Sanabria Camacho, Nelson Omar Peñaloza García y Adalberto Rojas Ortiz. -El 3 y 6 de diciembre del 2002, en Cenabastos por no cumplir con el pago de la contribución forzada impuesta por los ‘paracos’, fueron asesinados José Joaquín Fierro Ortega, Daniel Rincón Suárez, Luis Esteban Patiño, José Ascencio Castellanos y Andrés Osorio Castellanos. -Ese año la escalada mortal del frente Fronteras se cerró el 20 de diciembre en el barrio Nuevo Milenio, al acusarlos ‘de arreglar radios de comunicaciones a la guerrilla’, acribillaron a Edison Eduardo Obregón M ora, José Ernesto Corredor López y Eduardo Obregón Ruiz. -El 25 de junio del 2003, en el barrio San Martín fueron asesinados Eward Dubiel Reyes Robayo, Wilder González y Álvaro Ibáñez. -En la avenida 7 con calle 6, en el centro de Cúcuta, los ‘paras’ dejaron un sangriento mensaje a las trabajadoras sexuales al acribillar a Martha Rubiela Rodríguez, Graciela Jaramillo Jaramillo y Blanca Bohórquez Guzmán. Conflicto armado agrava salud mental en Caquetá El Espectador, julio 9 de 2010. Los afectados por el conflicto armado que se vive en Colombia son tres veces víctimas: de la violencia directa y sus factores de riesgo que generan múltiples secuelas sociales y personales; de la violencia cultural que se manifiesta a través del silencio y la estigmatización que vuelve invisible su sufrimiento; y de la violencia estructural porque a su vez son víctimas del abandono estatal y de la inoperancia institucional para atender su situación. Las conclusiones son de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), que entre 2005 y 2009 hizo un estudio de caso sobre el impacto de la guerra en el departamento del Caquetá, en el cual constató que es tal la crisis social que genera el conflicto armado en esta región del país, que el perfil de su salud mental es crítico. Y este diagnóstico bien puede aplicarse a otras zonas de Colombia donde la incidencia de la violencia es normal y cotidiana. Según fuentes gubernamentales, Caquetá es el departamento con mayor número de desplazados en los últimos meses. Más de 7.600 personas en 2009. Además la tasa anual de homicidios casi dobla la tasa nacional. En el último año fueron asesinas 265 personas. Más de 130 incidentes con minas antipersona o municiones sin explotar, además de otros episodios de amenazas, confinamiento, cultivos ilícitos y presencia de grupos armados, incrementa el difícil panorama. Médicos Sin Fronteras trabaja en el departamento del Caquetá desde 1999 y cumple actividades específicas de salud mental desde 2005. Con base en su experiencia y el muestreo de 5.064 pacientes atendidos en los últimos cuatro años, hoy llega a la conclusión de que el perfil epidemiológico de las personas tratadas por la organización en Caquetá es típico del de aquellos países que son sometidos a las secuelas de un conflicto armado. Entre los diagnósticos más frecuentes detectados por MSF están el trastorno adaptativo, expresado en el deterioro significativo de la actividad social o laboral, producto de un clima estresante; problemas de relación o relacionados con el abuso; la depresión, que se manifiesta en dificultades para conciliar el sueño, sentimientos de culpa o pensamientos recurrentes de ideas suicidas; los trastornos del estado de ánimo y el duelo, que llega asociado a la tristeza, la irritabilidad o el recuerdo que agobia. El informe abunda en desgarradores testimonios. “Cuando quisieron llevarse a mi hija de 13 años, no podía permitirlo y la saqué del pueblo (...) Me amarraron de pies y manos a un árbol (...) Al tercer día, mi mujer pudo ir por mí y me encontró todo picado por las hormigas”. “Sabe doctor, hace varias noches que no duermo, tengo sueños en donde veo las cabezas de mis vecinos. Veo que lloran, que suplican, que piden misericordia”. “Uno trata de explicarles que cuál auxiliador si nadie pide permiso (...) pero nada les vale y dicen que deje todo como está y que hay que irse”. Un cuadro dramático donde a la violencia directa se suman las presiones ideológicas, como la satanización del contrario o la descalificación lingüística con utilización de términos racistas. Es como si el recuerdo de la zona de distensión creada en los tiempos del proceso de paz entre el gobierno Pastrana y las Farc siguiera manteniendo un estigma sobre un departamento que, paradójicamente sólo cuenta con un servicio estatal de psiquiatría habilitado en un hospital de segundo nivel y pocas camas. La recomendación del informe de MSF apunta a sugerir que ante la elevada demanda de servicios de salud mental en este departamento, que no es muy distinto a la situación de otras regiones del país donde el conflicto armado es cosa diaria, se necesita implementar servicios especializados de atención y un esfuerzo de la sociedad y el Estado para romper los vínculos entre la violencia directa y aquella que no se ve, pero cultural y estructuralmente está dejando muchas más víctimas.