DE DÓNDE PARTIMOS:

La Coordinación de la Unidad de Atención Integral a Víctimas surge del compromiso de la Defensoría del Pueblo con las víctimas del conflicto armado. Es así como luego de que la Corte Constitucional diera el visto bueno a la Ley 975 de 2005, y después de la sanción presidencia de esta misma ley, el señor Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortiz, dadas las obligaciones y ámbito de la aplicación de la norma, el 1 de agosto de 2005 crea la Unidad Nacional de Justicia y Paz adscrita a su despacho, para que coordine las Direcciones, Delegadas, Regionales, Seccionales, recibiendo apoyo de la Secretaría General, del Grupo de Atención a Desplazados, la Coordinación de Cooperación externa y el Sistema de Alertas Tempranas (SAT).

Al año siguiente, esto es en octubre de 2006, el Defensor del Pueblo entrega a esta Unidad las directrices preliminares sobre la asesoría y orientación a las víctimas en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Este documento hizo parte del sustento para que la institución organizara la prestación del servicio de Defensoría Pública para las víctimas de conductas delictivas consagradas en la Ley 975 de 2005. Al mismo tiempo, y en la búsqueda de mejorar su trabajo, la Defensoría fue elaborando una serie de guías sobre la atención jurídica y psicosocial a las víctimas.

Pero en la medida que se hacía necesario cualificar la prestación del servicio, la institución fue elaborando otras directrices y documentos que han servido de apoyo al grupo de profesionales que vienen laborando sobre el terreno con las víctimas. En este orden de ideas y al cabo de dos años de entrar en vigencia la Ley de Justicia y Paz, y a pesar del reducido número de funcionarios destinados inicialmente para cumplir la misión de estar acompañando a las víctimas, la Unidad de Atención Integral a Víctimas logra acumular una serie de experiencias con las personas afectadas por los grupos al margen de la ley y con las demás instituciones, cuyos roles también surgen en el marco de la Ley 975 de 2005.

Hoy, con un número de funcionarios superior al destacado inicialmente, la Defensoría del Pueblo tiene profesionales especializados para la atención a las víctimas en 26 regionales del país, donde comparte labores profesionales con la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNR), Acción Social, Procuraduría General de la Nación y la Vicepresidencia de la República, entre otras instituciones.